domingo, 19 de febrero de 2012

"Es el sistema, estúpidos".

(artículo publicado en El Mundo el 19 de febrero de 2012)


El 7 de noviembre de 2010, UPyD registró una iniciativa parlamentaria para interpelar al lehendakari sobre los propósitos del Gobierno Vasco para impulsar la modificación de la Ley de Territorios Históricos y, por ese camino, racionalizar el disparatado entramado institucional vasco. El lehendakari me respondió que “lo verdaderamente importante no es que ahora, porque sí, empecemos a poner en cuestión nuestras instituciones y nuestro modelo institucional” sino “evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”. El 9 de diciembre de 2010, registramos una moción solicitando al Gobierno la inclusión en el calendario legislativo del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Territorios Históricos, al objeto de eliminar las duplicidades y las ineficiencias existentes en Euskadi. Los foralistas de toda la vida, es decir, PNV y PP, así como los que tienen el miedo foral metido en el cuerpo, esto es, el Partido Socialista, votaron en contra. Y eso que tal propósito está incluido en el incumplido programa socialista. Sea como fuere, en aquel debate se acordó instar al Gobierno a elaborar un informe que analizara las duplicidades en las que incurren las Administraciones Públicas Vascas. Y tal informe es el que pudimos conocer hace unos meses: 403 millones de euros el coste anual de la broma. El propio Lehendakari explicó que el coste sería mucho mayor. Al fin y al cabo, el informe no había podido analizar el conjunto de las instituciones (ya saben, las diputaciones no colaboraron) ni todas las políticas públicas. (Por cierto, ¿dónde están y quiénes son los responsables de este dispendio de dinero público?)

A partir de ese informe, se acordó en el Parlamento Vasco la constitución de una Comisión de estudio sobre duplicidades e ineficiencias existentes en el entramado institucional vasco. El dictamen será debatido en Pleno. Nosotros ya sabemos qué tipo de arquitectura institucional necesitamos: aquella que mejor sirva a los intereses de los ciudadanos, la más eficaz, la más eficiente y la más igualitaria. Es decir, creemos que ya hay razones sobradamente conocidas y suficientes para modificar la Ley de Territorios Históricos y reformar a fondo el entramado. No es razonable que una Comunidad Autónoma como la vasca, con apenas dos millones de habitantes, tenga nada más y nada menos que cuatro parlamentos y tres haciendas forales. No es coherente que, en pleno siglo XXI y mientras se demuestra imprescindible una política fiscal común para el conjunto de la zona euro, tengamos aquí tres políticas fiscales distintas, una por cada territorio, y el absurdo resultante: el hecho que los vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residamos. No es entendible que Euskadi no tenga un Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal porque cada vez que se propone aparece el diputado general de turno bramando que la competencia de lucha contra el fraude es suya y sólo suya. Podemos crear tantas comisiones y ponencias como sus señorías propongan. Podemos hacer como que no conocemos el problema y seguir dando largas a las soluciones del mismo. Podemos calcular electoralmente si esto de denunciar este disparate nos da más o menos votos. La pregunta es si existe voluntad política para cambiar las cosas y superar el conservadurismo de los inmovilistas.

Parafraseando la famosa frase de James Carville, el estratega de Bill Clinton, podríamos decir que “es el sistema, estúpidos”, ése es el problema. Es el propio entramado institucional vasco el que falla clamorosamente. Porque, lo que dice el estudio ya lo sabíamos. Insisto: el asunto es si existe voluntad política para cambiar las cosas. Y nosotros tenemos voluntad y una propuesta a discutir sobre el asunto. No basta mejorar la coordinación entre las administraciones. Es necesario reformar la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la Ley de Territorios Históricos. Debemos alcanzar una nueva distribución competencial y, en todo caso, clarificarla. Debemos modernizarnos. No es sólo que a nuestras administraciones les sobre grasa, sino que sobran administraciones. Las Diputaciones Forales deben ser suprimidas. Del mismo modo que no podemos tener tres de todo, tampoco podemos tener, porque no los necesitamos, nada menos que tres parlamentos forales que además hagan oposición y competencia al Gobierno Vasco. Ni la oscura red clientelar de organismos públicos que nos chupan la sangre para el beneficio de unos pocos. Y necesitamos una Ley Municipal que sitúe a los ayuntamientos en el lugar que les corresponde, con competencias claras y autosuficiencia financiera. Mal que les pese a los conservadores, nuestro entramado institucional no es intocable: a los ciudadanos del siglo XXI nos toca cambiarlo. Me decía el lehendakari el pasado día 7 de noviembre de 2010 que “lo verdaderamente importante no es que ahora, porque sí, empecemos a poner en cuestión nuestras instituciones y nuestro modelo institucional” sino “evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”. No es “porque sí”, señor Lehendakari. El modelo es inviable. Ahora hay que dar los pasos necesarios para reformarlo a fondo con un objetivo fundamental: servir mejor y de manera más igualitaria a los ciudadanos.

viernes, 10 de febrero de 2012

La necesaria influencia de UPyD.

Ayer jueves se celebró un pleno que evidencia la incidencia que pueda llegar a tener UPyD en aquellos parlamentos donde tiene representación. Paso a explicároslo: en el primero de los puntos se aprobó el dictamen de la ponencia parlamentaria que ha venido trabajando los dos últimos años. Se aprobó la supresión (limitada) de aquellos complementos de pensiones a que los ex viceconsejeros y ex consejeros del Gobierno Vasco tienen derecho. Hace dos años UPyD impulsó el debate al proponer la modificación de la ley de gobierno y la supresión de estos privilegios. Finalmente, ni se han eliminado todos los complementos ni en todos los casos, pero algo hemos avanzado en la igualdad de derechos entre los ciudadanos y determinados cargos políticos. Además, el PNV y el PSE votaron a favor del mantenimiento de determinados privilegios para los ex altos cargos del Gobierno que tengan 60 años pero, como digo, algo hemos avanzado. Y tal avance fue auspiciado por nuestro grupo.


En el segundo de los puntos se acordó la supresión definitiva de las denominadas multas lingüísticas. Todo el que haya seguido nuestra actividad parlamentaria sabe perfectamente las veces que hemos insistido en este propósito. Tres años después hemos logrado el objetivo, aunque queda pendiente la eliminación de las obligaciones lingüísticas para las empresas privadas que la ley en vigor sigue manteniendo. El Partido Socialista se ha negado en redondo a dar este paso, por incapacidad, miedo y cobardía. Sin embargo, algo se ha avanzado. Cito a Patxi Baztarrika, ex viceconsejero de Política Lingüística del anterior Gobierno Ibarretxe: "UPyD marca los tiempos del Gobierno en este asunto (todos sus movimientos han tenido en su origen el reloj de Maneiro).


En el tercero de los puntos instamos unánimemente a las Instituciones Europeas a que, en el caso de que se alcance un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, este acuerdo excluya las aguas territoriales del Sáhara Occidental, puesto que lo contrario significaría mantener el expolio al que el Reino de Marruecos viene sometiendo al pueblo saharaui. Además, volvimos a insistir en la necesidad de que el Gobierno de España impulse una solución democrática al conflicto que sufren los saharauis, basada en el respeto a la legalidad internacional y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación al que el pueblo saharaui tiene derecho como ex colonia. Según me dijo el portavoz socialista, nunca se llegó tan lejos en este Parlamento. La propuesta fue planteada por UPyD a través de una proposición no de ley urgente.


Y, finalmente, y quizás lo más importante (aunque ETB, sorprendentemente, no dijo ni mú sobre ello), el contundente mensaje que el Parlamento Vasco, como representante de los ciudadanos vascos, lanzó a ETA: exigimos su disolución incondicional, la entrega de las armas, la petición de perdón y que colabore con la Justicia a fin de resolver los más de 300 crímenes que a día de hoy siguen sin estar resueltos. Declaramos que las víctimas del terrorismo tienen todo el derecho del mundo a exigir un final de la banda sin impunidad, con justica y con memoria. Y nos reafirmamos en la necesidad de defender nuestras instituciones democráticas, el pluralismo político y la convivencia democrática, como modo de hacer frente a los propósitos totalitarios de ETA. Es cierto que tanto socialistas como populares se negaron a firmar "un final de ETA con vencedores y vencidos" pero, a pesar de ello, logramos una declaración muy contundente y necesaria.

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Comentario final: el señor Pastor (portavoz socialista) me insultó durante el debate: "da la sensación que a usted le molesta que ETA haya dejado de matar". Sinceramente, no encuentro palabras para contestar a semejante barbaridad.