miércoles, 27 de julio de 2011

Para modernizar Euskadi.

Las recientes idas y venidas del Lehendakari para contactar, discutir y tratar de acordar con cada uno de los tres diputados generales una nueva política fiscal unitaria para el conjunto de Euskadi evidencia las incomodidades, las ineficiencias y las disfunciones que el entramado institucional del País Vasco provoca en el día a día de la política vasca. Baste un ejemplo que debería provocar perplejidad y asombro entre los ciudadanos: en Euskadi no existe un plan global de lucha contra el fraude fiscal porque, según se dice oficialmente y sin vergüenza, las diputaciones forales son muy "celosas" de sus competencias. Es decir, que el actual reparto competencial dentro del País Vasco (tres haciendas forales al margen del control del Parlamento Vasco, ahí es nada) es una losa evidente para impulsar la decidida lucha contra el fraude fiscal, uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad. Ni que decir tiene que plantear, no ya un solo plan de lucha contra el fraude en Euskadi, sino un plan que sea compartido con la hacienda del Estado, supone comprar todos los boletos para que puedan calificarte de antivasco, españolista, nacionalista español o representante político que habla en contra de los ciudadanos a los que representa. O, de manera todavía más obtusa, de ser "de derechas". Nos ha pasado y por esto lo cuento. Por estos lares, propuestas razonables son despachadas con toda suerte de adjetivos no precisamente amables, porque lo que aquí debe defenderse es el statu quo vigente, lo políticamente correcto, la ley de territorios históricos, el Estatuto de Gernika, la ley electoral vasca, el reparto actual de competencias y el principio generalmente aceptado de que quien no trata de sablear al Estado no es hijo de esta tierra. Así, cualquier crítica a estas cuestiones se salda con portazo... a pesar de que es evidente que la idea de que la reforma de todas estas leyes es urgente se abre paso y crece como la espuma. No nos nombrarán, pero es creciente el número de opinadores, analistas, columnistas y críticos que defienden abiertamente que estas reformas profundas y radicales deben ser defendidas cuanto antes. Radicales porque van a la raíz de muchos de nuestros problemas. Y nosotros vamos a hacerlo porque la actual situación política y los nuevos tiempos nos lo exigen: reforma profunda de la anacrónica y reaccionaria ley de territorios históricos, la modificación del Estatuto de Gernika, la devolución al Estado de las competencias de Sanidad y Educación, la superación del Concierto Económico y la reforma de la ley electoral. Ya lo hemos planteado durante estos dos primeros años de legislatura y volveremos a hacerlo. Veremos si la respuesta de los partidos políticos es la misma que en el pasado o deciden por fin enfrentarse a los problemas y tratar de solucionarlos.

miércoles, 20 de julio de 2011

Sobre la elección de los Consejos Territoriales.

Este sábado 23 de julio elegimos nuevos Consejos Territoriales, también en el País Vasco. Aquí no hay color ni competencia, porque sólo se presenta una candidatura y además es la mejor de las posibles, con Nicolás de Miguel al frente de un gran equipo. Ciertamente, la elección de los diferentes Consejos Territoriales no es un asunto sin importancia para Unión Progreso y Democracia. Se trata, al fin y al cabo, de elegir las personas mejor preparadas para llevar a cabo y liderar un trabajo muy importante. Se trata de elegir al mejor equipo posible para que, trabajando codo con codo con el Consejo de Dirección, consigamos consolidar el partido en todos los lugares, posibilitando que crezca por la base y consiguiendo que se acerquen más ciudadanos indignados dispuestos a dar el callo. Lo último que UPyD necesita son 17 Consejos Territoriales diferenciados y plenamente autónomos, al estilo de los partidos tradicionales españoles. La conversión de las organizaciones españolas, y no sólo las políticas, en confederaciones territoriales singulares y autónomas, es uno de los grandes males que nos impiden siquiera ser optimistas y poder pensar que saldremos de esta crisis política y económica sin precedentes... al menos bajo el liderazgo de estos partidos políticos que ahora nos desgobiernan. La subordinación de ideas igualitarias y proyectos comunes a la baronía territorial de turno es actualmente un cáncer político más que evidente. De este modo se impide impulsar proyectos comunes, soluciones globales y políticas igualitarias para el conjunto de la sociedad española o europea. Se impide pensar en el interés general de los ciudadanos. Por tanto, es obvio que esta desmembración de los grandes partidos españoles es fatal para el común de los ciudadanos y para el propio proyecto político de esas organizaciones. En el caso de UPyD, sería definitivamente letal porque es precisamente una de las características genuinas y distintivas de nuestro proyecto y el traicionarlo significaría que fallaría en lo esencial. Estoy seguro que no ocurrirá y que se elegirán aquellos Consejos Territoriales dispuestos a no competir con la dirección nacional y conscientes del papel fundamental que deben jugar.

Es obvio, también, y tengo experiencia en ello, que quien ostenta un cargo público no puede ser coordinador ni dirigir un Consejo Territorial. Es literalmente imposible que ambos trabajos puedan hacerse bien porque además ambas tareas son lo suficientemente importantes como para no dedicarles toda la atención y todo el tiempo que exigen. No es posible ostentar un cargo público y dedicarse al partido político. Y, claro, quien ha sido elegido por los ciudadanos tiene una tarea fundamental y prioritaria que desarrollar: la de trabajar a fondo, todos los días del año, para llevar a esa institución los problemas de los ciudadanos a los que representa (todos) y tratar de plantear las soluciones más satisfactorias. A más dedicación, mejor trabajo. Lo sé por experiencia. A más horas de lectura, estudio, análisis... mejor trabajo. Y a esto debemos dedicarnos los cargos públicos de UPyD: a darlo todo durante los cuatro años para poder ser dignos representantes de los ciudadanos. Por esto estoy convencido y quiero insistir en ello en que no es posible ser cargo público y dedicarse también a coordinar o dirigir un Consejo Territorial. Es materialmente imposible y lo sé por experiencia.

Estas son las dos cosas que yo quería subrayar tres días antes de elegir a nuestros Consejos Territoriales. Hay gente muy valiosa dispuesta a trabajar mucho y bien por nuestra organización. Deberíamos decantarnos por quienes entienden lo fundamental de nuestro proyecto político (un proyecto común para el conjunto de los ciudadanos) y por quienes pueden realmente dedicar todo el tiempo que UPyD necesita, precisamente en estos momentos de zozobra política y económica. Suerte a todos.

lunes, 18 de julio de 2011

El escándalo de EB.

El pasado día 7 de julio se vivió un pleno dantesco en las Juntas Generales de Álava. Durante el debate para la elección del nuevo diputado general, el aspirante jeltzale Xabier Agirre lanzó unas acusaciones gravísimas a los negociadores de Ezker Batua, una vez se descartó el apoyo de las dos junteras de la coalición a su formación (que junto con los de Bildu podrían haberle aupado a lo más alto) y confirmado, por tanto, que el nuevo diputado general sería el popular Javier de Andrés, con sus propios votos y con los votos socialistas.

http://www.youtube.com/watch?v=08cJiM9QRAI

Más allá de los problemas identitarios de EB (mira por dónde), más allá de sus problemas internos, sus luchas de poder, sus familias políticas (nunca mejor dicho) y más allá de la capacidad de liderazgo del coordinador Mikel Arana, donde no nos metemos, el asunto de las vergonzosas negociaciones que tuvieron lugar no es, obviamente, un problema interno de la coalición autodenominada izquierdista, sino algo que trasciende la organización e interesa y afecta al conjunto de la sociedad. Es algo que debe ser aclarado hasta sus últimas consecuencias. Que haya un partido político que condicione su apoyo parlamentario a la colocación de parte de su afiliación en empresas públicas u organismos autónomos (saltándose la legalidad vigente) o a la concesión de un crédito bancario, es un escándalo de primer orden que no puede saldarse con una asamblea interna.

Podemos recordar cómo define el "tráfico de influencias" el artículo 428 del Código Penal: "El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero..."; o cómo define el "cohecho activo" el artículo 424, que castiga "al que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no relice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función".

Es decir, que no debería ser descartable instar a la Fiscalía para que inicie una investigación, puesto que parece evidente que el ofrecimiento de EB al PNV podría ser constitutivo de un delito de tráfico de influencias y de cohecho activo. Especialmente repugnante es que los portavoces de la coalición hayan venido condicionando su apoyo al candidato Agirre al cumplimiento de objetivos programáticos no sólo legítimos sino muy nobles, como la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, gravar más a los que más tienen, avanzar en la progresividad de la fiscalidad en Euskadi o modificar la ley electoral en Álava. Al parecer, detrás de todo eso existían intereses personales y espurios, que evidencian la degeneración de una parte de los políticos, que entienden la política, no como un servicio a los intereses de los ciudadanos, sino como un medio para beneficiarse económicamente. Tales actos evidencian también que en numerosísimas ocasiones la etiqueta "izquierda" no es más que una excusa barata para dar vía libre a determinados comportamientos pero que, en el fondo, no hay nada distinto. Tal actitud, en fin, nos perjudica y nos afecta y nos atañe a todos sin excepción. Por eso no es suficiente que las responsabilidades de esta vergüenza se aclaren en los órganos internos de Ezker Batua. La Fiscalía debería actuar.

miércoles, 6 de julio de 2011

Garitano y el euskera.

El señor Garitano no tiene la obligación legal de expresarse en castellano... como tampoco tiene un servidor la obligación de hacerlo en euskera. Por mi parte, el diputado general de Guipúzcoa debe poder expresarse en la lengua o lenguas que considere necesario, y puede optar también por hacerlo íntegra y exclusivamente en euskera. Tal actitud, puesto que sabe hablar en castellano, demuestra un inmenso desprecio por los periodistas que atienden sus ruedas de prensa y no son euskaldunes... y por la mayoría de los ciudadanos vascos, incluidos muchos de sus votantes, pero está en su derecho. Insisto: puede hacer lo que le dé la gana. Defendida su libertad individual, hay algo en lo que nadie ha insistido y que evidencia la paranoia en la que vivimos: hay ciudadanos en Euskadi que prefieren utilizar exclusivamente el euskera... aunque haya menos gente que le entienda y menos ciudadanos, por tanto, que reciban su mensaje. Esto es lo inaudito: que haya quien prefiera que haya menos gente que le entienda. Hay dirigentes políticos, ideologías y partidos políticos que anteponen los supuestos derechos de las lenguas a los de los ciudadanos y que, desde luego, muestran mucho más cariño hacia ellas que hacia muchos de sus conciudadanos. Ante esta paranoia colectiva, debemos reivindicar un principio básico: las lenguas son para comunicarse, utensilios al servicio de los hombres para unirnos y enfrentarnos a proyectos comunes. Hay representantes públicos que no llegan a entender algo tan básico. Y es inaudito pero sobre todo es triste.

viernes, 1 de julio de 2011

El negacionismo, ¿motivo de ilegalización?

Me lo comentó Andrés el lunes pasado: podría ser factible plantear una reforma legal para que el negacionismo sea motivo de ilegalización del partido político que lo inspire y fomente. Un hecho concreto: la insistencia con que las gentes de Batasuna hablan de "presos políticos", obviando el disparate que tal concepto, aplicado a los presos etarras, supone. Un preso político es el preso que está encarcelado por sus ideas políticas. Los presos de ETA están en la cárcel por la comisión de delitos perfectamente tipificados: asesinato, pertenencia a banda armada, tráfico de armas o lo que sea. Independientemente de las razones que les llevaron a delinquir (es obvio: imponernos su proyecto político), la vulneración de leyes concretas fue lo que les llevó a prisión. Decir que un preso etarra es un preso político es dar por supuesto que no hubo delito o que tal delito... estuvo justificado. Es dar por supuesto que no tienen culpa, que no cometieron infracción de la legalidad vigente, que están injustamente encarcelados y, en definitiva, que todo lo que hicieron estuvo bien hecho y el Estado no tiene razones para mantenerlos a buen recaudo. Por tanto, denominarlos "presos políticos" es negar el daño causado, la existencia del ejercicio del terrorismo y justificar los crímenes cometidos. Por tanto, este evidente negacionismo del terrorismo etarra que los batasunos fomentan mañana, tarde y noche podría y creo que debería incluirse como motivo de ilegalización de la formación política que impulse tal discurso, en este caso, Bildu.