martes, 26 de abril de 2011

Ideas para Euskadi.

Más allá de los asuntos puramente municipales que cada candidato, con el resto del partido político detrás, explicará sucintamente en sus comparecencias públicas y privadas, me permito la licencia de explicar cuáles siguen siendo las líneas programáticas fundamentales de UNIÓN PROGRESO y DEMOCRACIA para Euskadi, es decir, qué es aquello que nos diferencia, qué es lo que sigue siendo el ADN de esta nueva formación política sobre la que cada día más medios de comunicación vascos hablan.

Defendemos la regeneración de la democracia, no porque estemos por encima del bien y del mal o libres de toda tentación, sino porque nos hemos confabulado orgánica y estatutariamente para aportar una voz distinta y una actitud diferente a la política española. Porque nos hemos unido ciudadanos distintos hartos del sectarismo de los partidos políticos tradicionales, del bipartidismo imperfecto que padecemos y del circo en que la gestión de lo público se ha convertido. Y porque nuestra carencia de hipotecas nos permite ser enteramente libres y decir siempre lo que pensamos. Por esto proponemos un discurso alternativo pero constructivo, por esto somos firmes en lo esencial pero flexibles en lo accesorio y por eso queremos convencer pero no renunciamos a ser convencidos con razones y argumentos. Fernando Savater me escribió recientemente para expresarme que él estaba dispuesto a participar en cuantos actos de UPyD se celebrasen, con una sola condición: que fueran actos, no para dar pena, sino para plantar cara. Y ahí también se recoge nuestra forma de ser: no queremos quejarnos amargamente de lo que no hacen otros, sino proponerlo nosotros. Plantear alternativas políticas a la nadería imperante. Y hacerlo con convicción y convencimiento (y con alegría).

Defendemos la limitación de mandatos, para que en la acción política corra el aire y éste sea fresco, y las listas abiertas, para que los candidatos y los representantes de los ciudadanos no sean los más dóciles sino los mejores, tal como recientemente nuestro Nicolás de Miguel señaló en rueda de prensa. Y la reforma de las injustas leyes electorales actualmente vigentes, de modo que el voto de los ciudadanos valga lo mismo.

Como somos un partido político que defiende la igualdad ciudadana, proponemos la eliminación del régimen de Concierto Económico para el País Vasco, por suponer, a través del cálculo fraudulento que se realiza del Cupo, una apropiación indebida e injusta de los dineros de los restantes ciudadanos españoles. Baste decir que tenemos los vascos una financiación per cápita equivalente al 160 ó 170 por ciento de la que tienen los restantes ciudadanos españoles. Y nosotros no queremos privilegios de ningún tipo. La propuesta en positivo es evidente: un sistema de financiación común para el conjunto del país, que elimine privilegios económicos basados o no en los antidemocráticos derechos históricos.

La Ley de Territorios Históricos es, digamos, la ley que especifica la articulación interna de Euskadi y distribuye las competencias entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Esta ley debe modificarse, de modo que haya determinadas competencias que pasen al Gobierno Vasco y otras lo sean de los municipios. La distribución actual es fuente de duplicidades, despilfarro y desigualdad ciudadana. Se trata de proponer una alternativa que sirva mejor y de manera más igualitaria a los vascos. Como es sabido, y así lo hemos dicho, proponemos para el conjunto del país la eliminación de las diputaciones, y también de las diputaciones forales. En concreto para Euskadi, no es normal que para una comunidad de dos millones de habitantes tengamos cuatro parlamentos y tres haciendas forales, éstas al margen del control del Gobierno Vasco. Son resquicios históricos amparados por el conservadurismo vasco que deben ser profundamente reformados. Cuando lo hemos propuesto en sede parlamentaria, ni PNV ni PP ni PSE nos han acompañado.

Euskadi, como otras comunidades españolas, sufre un exceso de entes, fundaciones, empresas públicas y semipúblicas que pululan por nuestra geografía sin otra razón conocida que la de acomodar a los partidarios de los gobernantes de turno, y por donde se van todos los años ingentes cantidades de dinero público. Esa tela de araña debe ser disuelta. Es una tarea pendiente. Y tal compromiso nos permitiría aportar luz sobre el control de los dineros públicos, su control y su uso. Y ese dinero debe destinarse a otros menesteres: I+D+i, promoción e impulso de nuevas empresas y autónomos, ayudas sociales, inversiones productivas, generación de empleo, internacionalización de nuestras empresas, infraestructuras modernas y desarrollo humano.

Es obvio que seguimos siendo los únicos que defendemos la despolitización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, las fusiones basadas en decisiones empresariales y lideradas por profesionales, la despolitización de la Justicia y la objetividad informativa de los medios públicos de comunicación. Todos estos son problemas que provienen de lo que Jose María Fidalgo denomina “el mayor proceso de privatización habido en España durante los últimos 30 años: el proceso llevado a cabo por los partidos políticos españoles consistente en apropiarse y copar todos los espacios de la sociedad”. Es cierto, hoy día las cajas de ahorros, la Justicia y los medios de comunicación están dirigidos por los partidos políticos.

Y una política de vivienda que priorice e impulse la vivienda pública exclusivamente en alquiler, como método más progresista y justo, destinada preferentemente a los ciudadanos con menos recursos, con baremos revisables temporalmente y sin el cutre sistema del sorteo. Y que las ayudas sociales destinadas por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Municipios lleguen a las personas más necesitadas y que éstas no tengan más o menos garantías dependiendo del municipio donde residan. Debemos garantizar la igualdad de los vascos respecto del conjunto de los ciudadanos españoles pero también la igualdad de los vascos independientemente del municipio o territorio histórico donde resida. Y un bilingüismo voluntario e integrador, y políticas progresistas, y el Estado del Bienestar, y una política educativa y cultural moderna y adecuada a los nuevos tiempos. Y un sistema fiscal común. Y la devolución de las competencias de Educación y Sanidad al Gobierno Central. Y la defensa de la racionalización del actual Estado Autonómico, introduciendo profundas reformas a través de los mecanismos establecidos, de modo que podamos constituir un verdadero Estado Federal, conformado por Comunidades Autónomas con las mismas competencias y mismo trato otorgado por el Gobierno Central. Y el laicismo. Y la unificación de municipios. Y una mayor participación ciudadana en decisiones políticas relevantes y una política de infraestructuras razonable y sostenible: es decir, y por poner un ejemplo, que no es necesario, sino todo lo contrario, que todas las capitales de provincia tengan su particular palacio de congresos, su particular aeropuerto, su particular Estadio Olímpico o su particular Museo Internacional sobre no sé qué cosa. Y a los candidatos les toca explicar esto.

Son, a la vista está, muchas cosas que nos diferencian claramente del resto. Propuestas concretas que están siendo defendidas desde hace tres años en el Congreso de los Diputados y desde hace dos en el Parlamento Vasco. Y ahora deben ser igualmente defendidas allí donde se toman decisiones que afectan a los ciudadanos: ayuntamientos y diputaciones forales. Y, obviamente, serán acompañadas de otras medidas más locales, medidas que antes deberán tener una lectura global y contextualizada en el resto de políticas generales.

Y todo esto debemos defenderlo sin sectarismos y con amplia visión de Estado, defendiendo los mismos principios en todos los lugares: porque es lo que más interesa a una mayoría de ciudadanos. Y todo esto debemos defenderlo localmente allí donde nos encontremos, pero previa lectura global del mundo que nos rodea. Debemos alejarnos radicalmente de localismos, regionalismos, particularismos o nacionalismos. Porque somos la alternativa a todo ello. Porque somos la alternativa que defiende la soberanía del individuo frente a las identidades colectivas. Porque defendemos la unión frente a los separatismos. La igualdad y la justicia frente a los privilegios. Y la acción política y el compromiso público… frente a la vida contemplativa y a la ira del español sentado, ese del que habló nuestro amigo Álvaro Pombo.

Gracias, por tanto, a todos los candidatos por dejar de ser españoles cabreados que permanecen sentados. Gracias por levantaros, dar un paso al frente y tratar de cambiar las cosas. De hecho, todos juntos ya lo estamos haciendo.

viernes, 15 de abril de 2011

El voto de los "exiliados" vascos.

Ayer jueves, en sede parlamentaria, discutimos una proposición no de ley del grupo popular para instar al Gobierno Vasco a que presente propuestas para que los "exiliados" vascos provocados por ETA puedan votar en Euskadi. Se trata de una iniciativa "histórica", tantas veces hablada, comentada y debatida... y tantas veces descartada por su inviabilidad práctica.

A pesar, por tanto, de que pueda parecer una reivindicación justa, porque pone sobre la mesa la cuestión de los efectos que ha provocado el terrorismo de ETA en muchos hombres y mujeres de Euskadi que tuvieron que abandonar su tierra, se trata de una iniciativa planteada por motivos electoralistas, de cara a la galería, puro gesto político sin posibilidad de aplicación práctica. Tal como sabe el portavoz del PP, señor Barreda, su aplicación supondría de hecho la ruptura de la igualdad ciudadana, inseguridad jurídica y contradicciones varias de diversa índole.

De hecho, el propio señor Barreda, un experto en cuestiones legislativas producto de su larga trayectoria parlamentaria, no planteó ni una sola modificación legal concreta que pudiera hacer posible su propuesta. Más allá de decir "algo podrá hacerse" y lamentarse hipócritamente de que "no hay voluntad política por parte de los grupos parlamentarios representados en la Cámara", la demoledora realidad es que nada puede hacerse al respecto y que las supuestas modificaciones legales que serían necesarias no existen. Para empezar, habría que empezar modificando la LOREG, ley explícita y taxativa respecto a la obligatoriedad del empadronamiento para poder ejercer el derecho al voto. Y, que se sepa, su partido político representado en el Congreso de los Diputados, no ha presentado ninguna propuesta de modificación al respecto durante su reciente debate parlamentario... salvo la revolucionaria propuesta acordada con el PSOE de hacer más grande la papeleta del voto.

Así las cosas, la realidad indubitada es que se nos presentó una propuesta electoralista, demagógica y contradictoria con la trayectoria pasada del PP. Nada han propuesto ellos nunca al respecto porque es irrealizable. Y lo saben. Ante esto, la posición de UPyD fue todo lo razonable que podía esperarse: ante la propaganda política, rigor, seriedad y seguridad jurídica.

La obligación de los partidos políticos, representantes institucionales y poderes públicos debe ser impulsar medidas para alcanzar una Euskadi sin terrorismo, sin amenazas, sin perseguidos, sin escoltados y en plena libertad ciudadana. La obligación de los representantes políticos debe ser garantizar los derechos ciudadanos, incluido el derecho al voto, pero no tanto para que puedan votar quienes se fueron de su tierra perseguidos por el fascismo de ETA, sino sobre todo para que puedan volver al lugar que tuvieron que dejar por imperativo terrorista. El objetivo, por tanto, y en eso está UPyD sin demagogia barata, es contruir un país habitable, sin amenazados ni terrorismo, una sociedad liberada de ETA y donde los derechos fundamentales estén plenamente garantizados. El PP optó por la demagogia ramplona y la búsqueda del titular en los periódicos. Deben ser las miserias de la actividad política.

viernes, 1 de abril de 2011

Sobre las víctimas de motivación política.

Ayer jueves día 31 de marzo se debatió en el Parlamento Vasco una iniciativa parlamentaria relacionada con las llamadas víctimas de motivación política, es decir, esas "otras" víctimas provocadas por "los excesos del Estado" en el ambiente de violencia producida por ETA. La iniciativa, que pide la concesión de ayudas a esas "otras" víctimas habidas en Euskadi durante las últimas cuatro décadas, contó con el apoyo casi unánime de la Cámara. Sólo nosotros nos negamos a apoyar la iniciativa: porque pensamos que se enmarca en un determinado proceso del que nosotros queremos mantenernos al margen.

Más allá de que, efectivamente, determinadas personas hubieran sufrido determinadas situaciones injustas, al relacionarlas con el terrorismo de ETA y con eso que se llama “contexto de violencia de motivación política”, la iniciativa quedaba contaminada. Y el proceso en el que se enmarcaba y se enmarca esta iniciativa es el proceso consistente en pretender reescribir la historia y hacernos creer a los ciudadanos de ahora y a los del futuro que ETA fue una de las muchas violencias que existieron en Euskadi, una violencia contrapuesta a esa otra violencia ejercida por parte del Estado y que produjo eso que Aintzane Ezenarro (Aralar) y su cohorte de animadores (todos los demás) denominan ahora “víctimas de motivación política producidas en un contexto de violencia vivida en Euskadi en los últimos años”. Es decir, que dado que existió ETA se produjeron otras violencias por parte del Estado contra personas inocentes… …como si fuera del País Vasco no se hubieran producido víctimas durante la Transición.

Nosotros, aunque no dudamos de que haya quien haya firmado esta iniciativa (incluso quien se sumara a última hora a ella) con toda su buena voluntad, no quisimos participar de ella. Nos parece además que incluir en la justificación de la iniciativa a las víctimas del terrorismo para señalar que “no sólo ellas han sufrido” es un insulto a la inteligencia y está fuera de lugar. Esta argumentación sólo puede traer como consecuencia confusión y engaño a la sociedad vasca, porque supone relacionar una violencia con la otra, como si una violencia llevara a la otra o una violencia justificara la otra o una violencia explicara la otra o, sobre todo, como si la ausencia de una de ellas hubiera producido la ausencia de la otra (ya saben, sin la violencia del Estado no hubiera existido la violencia de ETA, etcétera).

Por tanto, la pretensión de mezclar a unas víctimas con otras, se haga con buena o mala fe o por simple empanada mental, es una mala idea que cierta gente utilizará para fomentar la mentira de que los muertos por violencia policial en Euskadi son algo así como "la otra cara" de los asesinados por ETA. Esta propuesta, por tanto, difumina o pretende difuminar o será utilizada por algunos para difuminar o pretender difuminar el terrorismo de ETA en un ambiente de violencia de todos contra todos donde ETA aparezca algo así como una especie de “violencia defensiva”, una más entre las demás. Insisto: con toda seguridad determinada gente lo hará... y seguramente no sea una minoría. Y nosotros no quisimos hacerles el juego ni darles bola. Y habrá, es obvio, quienes pretendan utilizar esta iniciativa para vendernos la falsa idea de que existe o existía un conflicto político sin resolver que produjo víctimas "en los dos bandos".

Nosotros nos negamos a presentar a esas “otras víctimas” como lo que no son: un colectivo objeto de maltrato deliberado por un determinado sujeto identificable. Esas “otras víctimas” (víctimas que merecen todo nuestro respeto, desde luego) eran personas individuales afectadas por la brutalidad policial o los desmanes de los funcionarios del Estado. Y, por tanto, los daños a resarcir y las reparaciones que sin duda merecen deberán serlo a título individual, a diferencia del colectivo de víctimas del terrorismo, un colectivo de personas que fueron asesinadas o perseguidas para la obtención de fines políticos. Colectivo que debe ser reconocido legalmente como parte de la derrota de ETA y del resarcimiento a que tienen derecho. Sin embargo, como digo, las otras víctimas lo fueron individualmente y en las condiciones de desorden, caos violento y falta de garantías jurídicas de la Transición, principalmente.
En conclusión: nos negamos a sumarnos a una iniciativa que pretende que esas “víctimas del Estado” aparezcan como simétricas y antagónicas a las de ETA en una especie de guerra civil larvada. No podemos aceptar esa descripción tan falsa de los hechos ni ignorar su intencionalidad política. PP y PSE han cedido. Nosotros, no.