miércoles, 23 de febrero de 2011

Sortu: una descripción de los hechos.

Los mismos que han acompañado históricamente a ETA, los mismos que no han condenado ni uno solo de los crímenes de la banda, los mismos que han justificado todas las acciones violentas, los mismos que no han mostrado un atisbo de humanidad o piedad ante las víctimas inocentes del terrorismo... son los que han decidido crear Sortu, esa nueva formación política con Estatutos perfectamente legales y aparentemente democráticos. Por tanto, analizada la realidad indubitada, hay una continuidad evidente: son Batasuna, son la denominada Izquierda Abertzale, son los que durante años han camino de la mano de ETA y apoyado su criminal trayectoria.

Por tanto, puesto que son los mismos, deben romper fehacientemente con ETA para que puedan ser legales... y mientras no lo hagan, no podrán serlo. Independientemente de que serán los Tribunales quienes decidan sobre su legalidad e independientemente de que UPyD acepta y aceptará todas las sentencias, nuestras exigencias previas y nuestro discurso político pasa por exigir a ese mundo que condene la historia criminal de ETA y su pervivencia actual, pervivencia que supone a día de hoy una evidente amenaza para la libertad y la convivencia de los ciudadanos vascos y restantes ciudadanos españoles. Es decir, exigimos el mantenimiento de las exigencias democráticas y la legalidad vigente, los principios fundamentales de nuestro sistema jurídico, el Estado de Derecho y la indispensable ley de partidos.

Y en este punto, debemos insistir en que deben ser ellos los que deben aceptar las reglas de la democracia. En que deben ser ellos los que deben aceptar integrarse en el Estado de Derecho que precisamente los demócratas hemos defendido frente a ellos. En que deben ser ellos los que deben aceptar vivir en nuestra sociedad, con nuestras reglas, con nuestras normas, con nuestras leyes, con nuestro Estatuto de Gernika y con nuestra Constitución Española. Son, por tanto, ellos los que tienen el balón en su tejado, de ellos depende, es cosa suya... la sociedad no debe moverse más que para impulsar medidas legales, policiales y judiciales tendentes a derrotar a los terroristas.

Dicho esto, haré alguna reflexión que podría situarse en un plano más personal: creo que ETA ya ha sido amortizada por el conjunto del nacionalismo. Por decirlo más gráficamente: todas las nueces (casi todas, para ser más estricto, porque pretenderán manipular y reescribir la historia) han sido ya recogidas, la gente en Euskadi ya está suficientemente abducida, la gente ya ha comulgado con suficientes ruedas de molino. Es por esto, porque el conjunto del nacionalismo vasco ya ha percibido que ETA está ya amortizada... que pienso que están derrotados (esto es, desde luego, opinable) y que no dan para mucho más (porque la banda, como digo, no podrá contar con la insultante comprensión del nacionalismo).

Dicho esto, lo que debemos exigir ahora es prudencia y el mantenimiento inexcusable de las exigencias democráticas porque ETA no ha decidido en absoluto dejar las armas y piensa mantenerse vigilante del proceso. No vivimos tiempos de paz, tal como señala insistentemente Jesús Eguiguren. Y cuando digo proceso no me refiero a ningún proceso de paz (que no debe ni puede celebrarse... pues no estamos en guerra) sino al proceso (ya abierto) consistente en hacernos creer que ETA fue una de las violencias que se produjeron en Euskadi... contrapuesta a esa otra violencia ejercida por parte del Estado y que produjo eso que Ezenarro y su cohorte de animadores (incluida la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco) denominan ahora "víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política".

La situación, por tanto, es crítica. No podemos ni debemos permitir que se nos cuelen en nuestras instituciones quienes forman parte de ETA, pero tampoco podemos ni debemos permitir que traten de reescribir la historia de terror que hemos padecido.

lunes, 14 de febrero de 2011

(Tristes) desvaríos lingüísticos.

A Mikel Basabe, parlamentario de Aralar, le ha producido una pena inmensa la propuesta de UPyD que trata de modificar la configuración del Consejo Asesor del Euskera, ese organismo cuya misión principal es la de asesorar al Gobierno Vasco respecto de la política lingüística a aplicar sobre (y a veces contra) los ciudadanos vascos. A Mikel Basabe, todo hay que decirlo, le producen una pena inmensa todas aquellas propuestas que pongan en cuestión las políticas de imposición lingüística que históricamente se han aplicado en Euskadi y, en concreto, aquellas iniciativas que él considera no van en la línea de construir una sociedad compuesta de ciudadanos obligatoriamente vascoparlantes. A menudo, por tanto, y producto de esa ceguera del que no ve más allá de sus propios intereses, despacha con argumentación escasa iniciativas que tratan de solucionar problemas o disfunciones... y procuran paliar sufrimientos gratuitos que se infringen contra los ciudadanos. La propuesta a la que él se refiere en su artículo "Lobotomías en Osakidetza", consiste en solicitar al Gobierno Vasco que garantice que, entre los vocales a los que tiene derecho a nombrar la consejera de Cultura de entre personalidades de reconocido prestigio para formar parte del Pleno del Consejo Asesor, haya al menos tantos monolingües en castellano como bilingües. Es decir, y superando las manipulaciones que utiliza Basabe en su escrito, que al menos la mitad de sus miembros no sepa euskera. ¿Para qué? Para que en dicho órgano estén representados los sujetos pacientes de la política lingüística, es decir, los monolingües, aquellos que no saben euskera y que sufrirán en sus carnes las políticas que se apliquen. Esto es, que tenga presencia en dicho órgano el punto de vista del monolingüe en castellano. Porque resulta que, a día de hoy, los que asesoran políticas concretas no forman parte de la ciudadanía que las sufre y, en cambio, quienes sí las padecen (o las disfrutan) no tienen ni voz ni voto en dicho Consejo. Y ello a pesar de que esa parte de la ciudadanía es mayoritaria. Ésta es la iniciativa parlamentaria que atormenta estos días al señor Basabe y que a UPyD llena de orgullo.

Más triste nos parece, sin embargo, que el Parlamento Vasco, incluidos los socialistas, haya rechazado la última iniciativa planteada por nuestro grupo en el Parlamento Vasco, relacionada con la política lingüística. Algo sencillo de entender, incluso para los que miran para otro lado: que a los que no tienen competencias lingüísticas en euskera se les permita tener acceso a las listas de sustituciones de personal docente no universitario, siempre que sea para impartir clases de asignaturas donde el euskera no sea necesario. Y que se les permita tener acceso en igualdad de condiciones que a los euskaldunes. Por ejemplo, para dar clase de geografía en castellano. Una monstruosidad para los nacionalistas de toda la vida y para los nacionalistas sobrevenidos que nos gobiernan, pero de sentido común para quien todavía no ha sido inoculado por el virus del sectarismo y las obsesiones lingüísticas. Y para quienes defendemos, contra viento y marea, el discurso de la ciudadanía. Porque, ¿necesita un profesor de lengua castellana saber euskera para impartir sus clases? ¿Necesita un profesor de historia saber euskera para impartir su asignatura en castellano? ¿Necesita un profesor de ciencias naturales que imparte sus clases en inglés saber euskera? Según cualquiera que tenga sentido común, no. Para el actual gobierno (y el señor Basabe), sí. Tal como están ahora las cosas, sólo como último recurso, es decir, cuando no hay otro, se les permite tener acceso a las listas y ser contratados. De modo que se relega a muchos ciudadanos a ejercer su oficio de forma vergonzante, a ser un mero “último recurso”. Así, aparte de producirse injusticas flagrantes (lo vean o no quienes miran para otro lado), la enseñanza pública pierde excelentes profesionales que, o se tienen que ir de Euskadi, o no pueden venir a desarrollar su labor. Quizá sea esto último lo que se pretende. Y se rechaza, por la vía de los hechos y de la imposición lingüística, habilitar una política más abierta y razonable, una política que fomente un bilingüismo amable y voluntario, una política que trate a los ciudadanos como ciudadanos y no como utensilios al servicio del sistema o del idioma. Esto sí es realmente triste: que la política lingüística (y la cultural y la educativa) no hayan sufrido cambios relevantes desde el cambio de gobierno, por razones electorales y por el miedo reverencial que los sobrevenidos tienen al conjunto del nacionalismo. Esto sí que es triste: comprobar cómo una mayoría de representantes políticos obvia los obstáculos que gratuitamente se imponen a los ciudadanos. Y todavía más triste es que se pretenda tildar de enemigo del euskera a quien señala y pretende corregir estos desvaríos.

domingo, 13 de febrero de 2011

LTH y Ley Municipal.

El pasado día 3 de febrero defendimos en sede parlamentaria la modificación de la Ley de Territorios Históricos, esa ley que posibilita el (denostado por muchos, UPyD entre ellos) actual modelo institucional vasco y diseña el reparto competencial y financiero entre los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco. Esa ley que permite el solapamiento de competencias entre las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, duplicidades, gasto superfluo, disfunciones, burocratización administrativa, ineficiencia, despilfarro de recursos, sobredimensionamiento de administraciones y confusión en los ciudadanos, quienes en demasiadas ocasiones no saben qué institución presta los servicios ni a qué institución pagan sus impuestos. Una ley que, en opinión de UPyD, necesita ser profundamente revisada, para avanzar hacia un reparto competencial y financiero más razonable que tenga como objetivo supremo servir mejor y de manera más igualitaria a los ciudadanos vascos. Euskadi no puede tener todo por triplicado. Y, del mismo modo que no podemos tener tres palacios de congresos, tres aeropuertos o tres universidades, tampoco podemos tener, porque no lo necesitamos, nada menos que tres parlamentos forales que hagan oposición y competencia al Gobierno Vasco. Ni tres diputaciones forales con toda su innecesaria red clientelar de empresas públicas, semipúblicas y entes de todo tipo que nos cuestan a los vascos un ojo de la cara. Así lo defendimos el día 3 de febrero, encontrándonos con el rechazo de los tres grandes partidos vascos (PNV, PSE y PP), ambos igualados en conservadurismo y defensa sectaria de sus intereses. Nosotros seguiremos insistiendo, expresando alto y claro lo que es una verdad indudable: la actual arquitectura institucional vasca supone un freno para la modernización de Euskadi. Y así lo dicen intelectuales de diversas ideologías, catedráticos, políticos y un número creciente de ciudadanos. A nuestro entender, dos son las reformas, por tanto, que deben aplicarse con valentía y cuanto antes: por un lado, acabar con las diputaciones como estructuras arcaicas y caras y, por otro, desmontar la parte innecesaria de sociedades públicas que se ha creado alrededor de las instituciones por puro clientelismo. Está casi todo por hacer en este campo. Necesitamos, y para eso trabajaremos desde los ayuntamientos, desde las Diputaciones y desde el Parlamento, una nueva estructura institucional para Euskadi, que facilite un nuevo reparto competencial entre instituciones, de modo que, eliminando las diputaciones forales tal como las conocemos, algunas competencias sean asumidas por el Gobierno Vasco y otras lo sean por los ayuntamientos.

Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados del sistema. No podemos olvidar que éstos gestionan un 30% de competencias que no les corresponde. Y para corregir este despropósito necesitamos aprobar una ley municipal que termine de dar forma a este reparto competencial en el País Vasco. Una ley que fije definitivamente las competencias a asumir por las corporaciones locales y que les permita tener autosuficiencia e independencia financiera. Una ley que impulse un nuevo mapa municipal para ganar en eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, sostenibilidad y suficiencia financiera. Y, por tanto, una ley que impulse la unión de los municipios más pequeños, eliminando así gasto superfluo y trabas administrativas, para servir mejor a los ciudadanos. Somos la única comunidad autónoma que sigue sin aprobar su Ley Municipal, una ley que, después de treinta años, continúa en el baúl de los recuerdos.

lunes, 7 de febrero de 2011

La voz y la palabra.

Este próximo jueves debatiremos una proposición no de ley de Ezker Batua relativa a la formación de un foro multipartito por la paz, con la que pretende instar al Gobierno vasco, "y de manera especial al Lehendakari, a conformar un foro multipartito por la paz, con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo que desemboque en un Pacto para la Convivencia Democrática en Euskadi". EA ha presentado una enmienda de totalidad con la que pretende que el Parlamento Vasco inste al Gobierno español "a permitir la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección sin excepción alguna de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos" y exijamos, "en consecuencia, la derogación de la Ley de Partidos Políticos por constituir un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales, todo ello con el objetivo de facilitar e impulsar el desarrollo de un proceso que conduzca definitivamente a la paz y a la normalización política de Euskal Herria".

Ni socialistas ni populares han presentado enmienda de totalidad. Sí, sin embargo, UPyD: queremos que el Parlamento Vasco inste al Gobierno vasco, "y de forma especial al Lehendakari, a no impulsar ni participar en ningún tipo de foro o mesa extraparlamentaria de partidos políticos que asuma funciones propias del Parlamento Vasco y pretenda sustituir a los representantes legítimos de los ciudadanos tomando decisiones de espaldas a éstos; y a no impulsar ni reunirse en ninguna mesa o foro con partidos u organizaciones ilegales ni con sus representantes, y se mantenga firme en su lucha contra el terrorismo en todos sus frentes y utilizando todos los medios del Estado de Derecho".

Es decir, defenderemos (y esperamos que con el apoyo de una mayoría parlamentaria) la supremacía democrática del Parlamento Vasco como representante de los ciudadanos, lugar donde los distintos partidos presentan y defienden, en igualdad de condiciones y de manera razonada, con la voz y con la palabra, sus opciones políticas... democráticas. Porque no es verdad que todas las opciones políticas sean democráticas y, por tanto, debemos garantizar, también con la ley de partidos, que sólo aquellos proyectos respetuosos con los derechos humanos tienen cabida en la Cámara Vasca y en las restantes instituciones existentes en Euskadi y en el resto de España. Debemos garantizar y defender sin complejos y todos los días del año que estamos dispuestos a dialogar y negociar cuanto sea necesario para resolver los problemas ciudadanos, pero respetando en cualquier caso la legalidad vigente y el Estado de Derecho. Debemos defender, diga lo que diga la estrategia criminal de los enemigos de la democracia, que los foros o las mesas extraparlamentarias que algunos siguen proponiendo no son sino instrumentos antidemocráticos de quienes tienen miedo a la voz y la palabra, expresadas en igualdad de condiciones y de manera razonada. Sin chantajes de ningún tipo ni amenazas.

domingo, 6 de febrero de 2011

La LTH, a debate.

Hoy domingo, El País, en su sección de Euskadi, dedica dos páginas enteras a analizar la necesidad de reformar o no la Ley de Territorios Históricos, esa ley que posibilita el actual modelo institucional vasco y diseña el reparto competencial y financiero entre los tres territorios históricos y el Gobierno Vasco. Una ley que, para una creciente marea de ciudadanos, políticos e intelectuales, permite el solapamiento de competencias, duplicidades, gasto supérfluo, disfunciones, burocratización administrativa, ineficacia, despilfarro de recursos, sobredimensionamiento de instituciones y confusión en los ciudadanos, quienes en múltiples ocasiones no saben qué institución presta los servicios ni a quién pagan sus impuestos. Una ley que, en opinión de UPyD, necesita ser profundamente revisada, para avanzar hacia un reparto competencial y financiero más razonable que tenga como objetivo supremo servir mejor y de manera más igualitaria a los ciudadanos vascos. Así lo defendimos el jueves pasado en el Parlamento Vasco... y es por ello que el diario El País publica este amplio reportaje este fin de semana. Es llamativo, no tanto que ni siquiera se nos nombre en ese amplio reportaje (es habitual la manipulación informativa en Euskadi y en España), sino sobre todo que esta información sea hoy mucho más extensa y amplia que cuando nada menos que el Consejo de Sabios que asesora al Lehendakari emitió un informe favorable a la necesaria reforma de la LTH. Es decir, que hoy UPyD, también en el País Vasco, tiene gran influencia política... desde su escaño en el Parlamento Vasco.

La moción con la que pedíamos al Gobierno Vasco que incluyera la reforma de la LTH en su calendario legislativo apenas obtuvo seis votos (los cuatro de Aralar, el de EA y el mío propio), pero sirvió para poner de manifiesto sobre todo dos cosas: una, que la práctica mayoría de partidos políticos reconoce disfunciones evidentes como consecuencia de la letra de esta ley pero se niega a cambiarla por intereses partidarios y, dos, que el PSE defendió una postura timorata y cobarde, diciendo una cosa y la contraria, desviando el debate y negándose finalmente a votar lo que su propio programa político (hoy, programa de gobierno) recoge. Es decir, que tanto el PNV como el PP, partidos foralistas y ambos partidos extraordinariamente conservadores, votaron finalmente lo mismo que los socialistas, supuestos partidarios de modificar la LTH. Es decir, todos ellos, otra vez, terminan votando lo mismo.

UPyD seguirá insistiendo, expresando alto y claro lo que es una verdad indudable: la actual arquitectura institucional vasca (cuatro parlamentos para 2,2 millones de habitantes y tres diputaciones forales enfrentándose todos los días al Gobierno Vasco) supone un freno para la modernización de Euskadi. Comparto el análisis del catedrático de Economía Aplicada de la UPV, Felipe Serrano: "hay que abordar dos reformas: acabar con las diputacones como estructuras arcaicas y caras, y desmontar después la parte innecesaria de sociedades públicas que se ha creado alrededor de las instituciones por puro clientelismo". Y más competencias para los ayuntamientos, y más competencias para el Gobierno Central, y más competencias para Europa. Y ninguna competencia para las diputaciones.