martes, 28 de septiembre de 2010

Y mañana... huelga general.

Lo sabemos: los sindicatos actuales no son lo que eran. Aun siendo esto cierto, es curioso que repitan esto y con más vehemencia los que nunca creyeron en la acción sindical, la clase obrera, los derechos de los trabajadores y la extraordinaria labor de los sindicatos en defensa de tantos y tantos trabajadores. Sin embargo, es tristemente cierto: no tanto que no son lo que fueron, que también, sino sobre todo su evidente desprestigio (y declive), labrado años atrás por no hacer, según dicen, lo que debían haber hecho. Más concretamente, por no haber saltado antes al cuello del actual gobierno y denunciado con más ahínco la política económica de los socialistas y los niveles insoportables de paro que ha provocado. Los sindicatos se mantuvieron fuera de la batalla política, vigilando exclusivamente que ninguna medida del gobierno perjudicara los derechos laborales y sociales de los ciudadanos... olvidando el principal activo que tienen éstos: su empleo. Ante la multiplicación de los parados apenas dijeron nada. Y se mezclaron dos deseos: los de la derecha reaccionaria, deseosa de que el despreciable sindicalismo acompañara la política de desgaste del PP y colaborara en cavar la tumba de Zapatero; y los del clásico progresismo socialdemócrata y gentes de a pie, quienes echaron en falta más acción sindical, menos sopa boba, más independencia, menos seguidismo del gobierno y más pensar en los intereses de los ciudadanos. Sea como sea, de lo que se trata es de orillar los dogmas y analizar inteligentemente la situación en la que nos encontramos. Y la política económica del gobierno. Y analizar si efectivamente hay razones de fondo evidentes o no para hacer una huelga general mañana. Y parece que razones, haylas. Y que cada cual libremente decida... si es la huelga justa y necesaria.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Un discurso no clausurado.

Escribía hace unos días JM Ruiz-Soroa en las páginas de El Correo un estupendo artículo de opinión titulado "El discurso clausurado", donde recogía una serie de ideas que a nosotros nos interesan mucho: llamaba la atención sobre la necesidad evidente que existe en Euskadi de formular de verdad "un discurso alternativo al nacionalista", defendido y enarbolado éste no sólo por los nacionalistas de nombre y tradición. Denunciaba con razón esta carencia discursiva que obedece "a una especie de clausura argumental insuperable en todo cuanto se refiera al autogobierno vasco: la de que cuanto más autogobierno, mejor". Animaba a atreverse a "proclamar con argumentos que no es cierto que la única misión de los políticos o gobernantes vascos sea la de mejorar la posición de Euskadi en España, que no es cierto que la única finalidad del autogobierno sea la de atrapar más y más recursos para el País Vasco". Que debemos defender el interés del conjunto de los ciudadanos españoles en un Estado realmente federalizado, que no asimétricamente desmembrado, de manera equitativa y razonable. Y terminaba afirmando que es naturalmente difícil "sostener el discurso de la ciudadanía en una sociedad acostumbrada durante siglos al privilegio derivado del fuero o del Concierto Económico". Pues bien, todo aquel que siga con cierto interés la política vasca (y española) sabe que este discurso que Ruiz-Soroa reivindica es un discurso ciertamente clausurado en todos los "grandes" partidos supuestamente nacionales. Basta con mirar a diestra y siniestra. Sin embargo, y con toda humildad, debe decirse que no es un discurso abandonado por absolutamente todos y de cuyo rastro no tengamos noticias en ninguna opción política. Hay quienes, con los instrumentos de los que disponemos y enfrentándonos a los elementos... lo seguimos defendiendo. Y muy gustosamente, por cierto.

viernes, 10 de septiembre de 2010

Los males del Estado.

Hay dos razones fundamentales por las que la gobernabilidad del país, los presupuestos generales del Estado y hasta el sistema autonómico español e incluso la presidencia del gobierno dependen de las reivindicaciones localistas, regionalistas y nacionalistas defendidas por partidos y gentes que no creen en el Estado y que incluso pretenden finiquitarlo para alcanzar la independencia subvencionada: por un lado, el hecho cierto y comprobado de que tanto el PSOE como el PP han dejado de ser partidos nacionales para convertirse en partidores de la nación, han dejado de tener visión de Estado para tener visión exclusivamente demoscópica y han dejado de defender los intereses generales de los ciudadanos para defender sus intereses partidarios; y, por otro lado, algo que habitualmente se olvida: una injusta ley electoral que tanto los unos como los otros evitan a toda costa modificar y que beneficia el estatu quo vigente, el estado actual de cosas, la partidocracia que padecemos, el inmovilismo rancio de derecha e izquierda y la continuidad de la nadería política e ideológica. Una injusta ley electoral que convierte a los partidos nacionalistas en fundamentales, jueces y parte, veladores del futuro del país y de las políticas más fundamentales que se apliquen, inclusive la aprobación de unos presupuestos que utilizan para seguir sacando tajada política y romper la menguante solidaridad ciudadana. Éste es el drama al que nos enfrentamos: los grandes partidos tomando alternativamente las decisiones equivocadas para beneficar a una minoría creciente y evitar aplicar, postergando indefinidamente, las reformas necesarias para salvar al menos in extremis el proyecto común recogido en la Constitución Española. Quien pacta con los nacionalistas la ruptura del Estado o de la Caja Única es tan culpable como quien evita modificar la actual ley electoral... tal como clama en el desierto el Consejo de Estado. Y ambos partidos son responsables.

lunes, 6 de septiembre de 2010

Una tregua no es nada.

Independientemente de los motivos que han llevado a ETA a declarar esta difusa tregua (la presión internacional, la dificultad operativa, la escasa cantera, los problemas económicos, el hartazgo social y la infiltración policial, entre otros) o los objetivos que pretenda conseguir con ella (presentarse a las próximas elecciones municipales y forales), creo conveniente insistir en las razones argumentales por las cuales debe rechazarse toda tregua. Las treguas son períodos durante los cuales los terroristas paran... a la espera de acontecimientos. Habitualmente las aprovechan para reorganizarse, coger aire y templar ciertos ánimos que les permita continuar en la brecha. Pero incluso suponiendo que el parón es verificable y cierto: tampoco vale. Porque todas las treguas son temporales y condicionadas. A que los partidos políticos democráticos muevan ficha, corrijan su posición, cambien de estrategia y asuman al menos parte de los postulados terroristas. Es decir, condicionadas a que los demócratas estemos dispuestos a darles algo a cambio de que nos sigan perdonando la vida. A asumir por la fuerza parte de sus planteamientos. Porque, seamos claros: ¿qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Qué movimientos se pretende que lleve a cabo el gobierno? ¿Acaso la creación de una fraudulenta mesa de partidos al margen del parlamento? ¿Qué pasos se nos reclaman? ¿Qué nueva fase política debe ahora abrirse? ¿Qué políticas distintas deben aplicarse? ¿Qué supuesto escenario de paz podrá sustituir al Estado de Derecho que ya disfrutamos, pese a ellos? Euskadi, como el resto de España, seguirá transformándose y enfrentándose a nuevos escenarios, ante los cuales aplicaremos unas políticas o las contrarias. Pero ello dependerá exclusivamente de la ciudadanía. En ningún caso podemos desviar o corregir nuestro devenir político porque ETA mate o porque deje definitivamente las armas. Por esto no vale ahora ni debió valer nunca ninguna tregua. Sólo vale la legalidad vigente y el respeto a nuestro Estado de Derecho. Si pretenden ser como nosotros, que asuman la democracia.

jueves, 2 de septiembre de 2010

Beneficios penitenciarios.

Estos son perfectamente legales y dependen del gobierno. Son decisiones políticas que pueden tomarse o no, en función de lo que nos diga el sentido común y el interés general. Yo soy firme partidario de concederlos cuando de su concesión vamos a salir todos beneficiados. Tanto la política de beneficios penitenciarios como la política penitenciaria liderada por el gobierno central que decide la ubicación de los diferentes presos etarras, debe ser explicada a la ciudadanía española, para evitar malentendidos y suspicacias, sospechas y manipulaciones. Los ciudadanos están alerta para saltar a degüello del gobernante que decida conceder gratuita e injustamente beneficios o compensaciones a quienes nos han hecho tanto daño. Están vigilantes, atentos y ojo avizor. No se fían, desconfían, miran de reojo. Observan con reparo al gobierno. Temen el engaño, la vuelta al diálogo y a la negociación, retroceder después del camino transitado, ceder ante nuevos cantos de sirena. Rechazan las tomas de temperatura, las treguas-trampa, las excarcelaciones de incluso aquellos que cumplieron toda su condena. Por esto, la política penitenciaria del gobierno debe ser clara, transparente, diáfana, justa y entendible no sólo por las víctimas sino por el conjunto de la ciudadanía española. Y los beneficios penitenciarios deberían únicamente poder ser aplicados a los presos que cumplan estas cuatro condiciones: pedir perdón a las víctimas, condenar la violencia terrorista, comprometerse a hacerse cargo de las indemnizaciones que correspondan y colaborar con la Justicia española. Si no se dan estas cuatro condiciones, no deberían concederse.