martes, 27 de julio de 2010

El "sentimiento español".

El eterno candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido muy circunspecto defender el "sentimiento español". No nos ha explicado cómo se mide, ni cuánto cuesta ni qué diámetro tiene. Ni cómo se defiende. Ni para qué o con qué propósitos u objetivos. A continuación, con la vacuidad que se expresa la mayoría de los políticos, ha sentenciado que a él no le sorprendió la expresión de júbilo vivida en España tras la victoria de la selección de fútbol... "porque en España existe un gran sentimiento nacional". Entonces, si ya existe ese sentimiento nacional, ¿de qué o quién va a defenderlo? No parece que se refiera a evitar las agresiones que algunos vascos sufrieron por ejercer su libertad de expresión... sino más bien parece que pretende hacer gala de un patriotismo enarbolado electoralmente y de cara a la galería. Algo parecido a lo que los nacionalistas montaron cuando hollaron el Gorbea ikurriña en mano. Lo que el país necesita (porque le falta), o sea, lo que los ciudadanos necesitamos, no es sentimiento superfluo ni políticos que agasajen deportistas y enarbolen sentimientos (legítimos, desde luego), sino compromisos, ideas, políticas públicas, pactos y leyes que vayan en la línea de garantizar la igualdad ciudadana, la eliminación de los privilegios de algunos, mayor cohesión social, políticas progresistas y toda la libertad que sea posible habida cuenta que convivimos en sociedad. El sentimiento nacional se tiene o no se tiene, pero no soluciona problemas y a menudo nos distrae de lo que realmente importa.

viernes, 16 de julio de 2010

Joaquín Leguina y el Estatut.

Creo que hemos sido radicalmente claros (y radicales, en el buen sentido del término) en nuestras críticas al proceso de negociación del estatuto catalán, al texto aprobado en el Parlamento catalán, al texto supuestamente "limpio como una patena" que salió del Congreso de los Diputados y... a las barbaridades dichas y hechas por distintos dirigentes políticos después de que el Tribunal Constitucional emitiera su sentencia sobre el asunto. Ayer mismo, Rosa Díez, con la contundencia que le caracteriza, tuvo un día especialmente brillante, y dejó en evidencia que el desacato a la legalidad vigente lo protagoniza el presidente del gobierno, señor Rodriguez Zapatero. Entre sus perlas, destacó una: el gobierno ejerce corrupción política pura.

Sin embargo, miremos fuera de UPyD. Leo el libro "La luz crepuscular" de Joaquín Leguina, y sus reflexiones sobre determinados acontecimientos ocurridos en España durante los últimos años. Creo que son reflexiones muy reveladoras. Quizás aporten luz a quienes todavía no nos creen a nosotros. Ahí van:

"...asistí durante 2005 a múltiples reuniones con el Partido y en el Grupo Parlamentario, sin que en ninguna de ellas se haya podido discutir (y de votar ni hablamos) este nuevo Estatuto catalán que nos hemos visto obligados a aprobar en las Cortes, forzando nuestras conciencias mediante un ordeno y mando sin precedentes...". "... la manipulación histórica e ideológica nacionalista se ha desatado y ese desmadre lo ha facilitado el silencio de quienes, ostentando representaciones mucho mayores -es decir, los dos grandes partidos nacionales-, no han querido meterse en un debate contradictorio, no fueran a necesitar el apoyo parlamentario de quienes mantienen esas manipulaciones...". "... por otro lado, cabe preguntarse: ¿para qué ha servido reabrir el proceso estatutario? Si, con ello, con la apertura de ese melón, se pretendía atemperar los ardores guerreros dentro de las filas nacionalistas, el resultado ha sido desastroso...". "... es evidente que el texto salido de las Cortes Españolas y que fue sometido a referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006 no es el mismo que fue aprobado en el Parlamento de Cataluña, pero la distancia entre el proyecto de Estatuto y la Constitución era demasiado grande como para poder corregirla a base de enmiendas...".

Y, para terminar: "Si quiero expresar mis creencias actuales deberé partir de un viejo principio: el Estado es el único fundamento seguro para la convivencia. Por eso estoy en contra de todo aquello que lo debilite, desde el invento de la "España plural", mediante el cual se pretende demediarlo, hasta el ultraliberalismo que predica su encogimiento permanente".

Yo estoy de acuerdo con el histórico socialista y por todo ello y alguna otra cosa más, huí. ¿Cuántos socialistas más darán el paso?

viernes, 9 de julio de 2010

Una marcha contra la ciudadanía.

Lo dije ayer en rueda de prensa y lo mantengo hoy: quien no respeta la legalidad vigente, no puede ser considerado demócrata. Quien no respeta al Tribunal Constitucional, no respeta el Estado de Derecho. Quien cavila para sortear las resoluciones judiciales, incumpliéndolas, no puede ser dirigente ni de la escalera de su edificio. Quien pretende anteponer supuestos deseos de supuestos pueblos a la comunidad política, entiende poco o nada de democracia. Quienes se manifiestan para que no se respete la legalidad vigente y se menoscabe a la ciudadanía, no pueden ser considerados demócratas. Sean muchos o pocos. Se manifiesten en Euskadi o en Cataluña.

miércoles, 7 de julio de 2010

Algo huele a podrido en España (y III).

Pero hay más cosas que evidencian donde se encuentra el problema: ¿saben ustedes que en España se encuentran en vigor más de cien mil normas con contenido económico que dificultan la unidad de mercado? ¿O que en algunas CCAA hay hasta tres canales de televisión que produjeron pérdidas en 2008 de 1.600 millones de euros? ¿Saben que entre 2003 y 2008 hemos pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas? ¿O que la deuda de las empresas públicas de la Comunidad Valenciana supera los 13.000 millones de euros? ¿Y que Andalucía tiene 20.000 trabajadores distribuidos en 54 empresas públicas que gestionan un presupuesto de 5.282 millones de euros? Y qué decir del entramado público vasco, donde pululan decenas y decenas de entes públicos, fundaciones, empresas públicas y semipúblicas sin función claramente reconocible, por donde se nos van miles de euros todos los años.

Uno de los que ha resumido la situación ha sido Arturo Pérez-Reverte, con su habitual estilo directo y claro: "Ulcera el alma ver a los jóvenes maltratados por estas 17 Españas injustificadas, egoístas y ladronas". Y nosotros, como él, nos resistimos a creer que nada pueda hacerse. Porque no tenemos la varita mágica para convertir el país en un jardín de las delicias, pero sí una serie de propuestas que podrían ayudar a su modernización, tras años de perezosos gobiernos hipnotizados por la burbuja inmobiliaria, la ley del mínimo esfuerzo y los intereses partidistas y sectarios. Claro que hay soluciones para aplicar aquí y ahora: entre otras, realizar un esfuerzo mucho mayor para eliminar el fraude fiscal y obligar a aflorar la economía sumergida; proceder a una reforma fiscal que haga el sistema más progresivo, recupere el impuesto sobre el patrimonio y avance en soluciones compartidas y comunes, como nos lo pide Europa, eliminando sistemas caducos, excepcionalidades y privilegios históricos; reformar el sistema financiero y despolitizar la gestión de las cajas; reformar el mercado laboral, pero no para insistir en lo que siempre ha fracasado (abaratamiento del despido y pérdida de derechos laborales por parte de los trabajadores) sino para acabar con la dualidad existente, crear empleo estable y de calidad e impulsar la formación contínua; reformar el modelo educativo y alcanzar un pacto de Estado, para que dicho modelo dure décadas... en lugar de la legislatura del gobierno de turno; alcanzar un modelo energético eficiente y sostenible; y, fundamental, someter a una cura de adelgazamiento el costosísimo estado autonómico que hemos fraguado, para racionalizarlo. No para acabar con él, pues somos firmes defensores del estado de las autonomías, sino precisamente para hacerlo viable. Según datos contrastables, una buena gestión autonómica llevaría a ahorrarnos 26.000 millones de euros anuales, evitando duplicidades (agencias de meteorología, defensores del pueblo, órganos consultivos, tribunales de cuentas, ...), solapamiento de competencias y gasto superfluo en el mantenimiento de estructuras obsoletas e ineficientes. Y en Euskadi, parecido, con sus peculiaridades innegables: para empezar, modificar la ley de territorios históricos para modernizar el país y racionalizar el entramado público... por donde se nos van año tras año miles y miles de euros. Hay, por lo tanto, margen suficiente para evitar atracar a los más débiles, reducir nuestro estado del bienestar y mantener a tantos y tantos privilegiados.

martes, 6 de julio de 2010

Algo huele a podrido en España (II).

Podemos recordar, sin ánimo de vengarnos pero si para optar en adelante con mejor criterio, algunas de las medidas que los progresistas de boquilla nos aplicaron: la regresiva deducción generalizada de los famosos 400 euros por contribuyente y año, independientemente del nivel de renta y a pesar de que la situación económica no recomendara tal cosa (6.000 euros anuales); la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, primero en el resto de España y después en los territorios históricos vascos, broma que supuso a las arcas públicas casi 2.000 millones de euros menos de recaudación anual; las medidas paliativas, cortoplacistas y contraproducentes recogidas en el plan E, consistentes en la creación de empleo temporal y precario para engañar mucho a unos pocos durante no demasiado tiempo (13.000 millones de euros totales); la reducción del impuesto sobre sociedades (aunque sin acercarse siquiera a los niveles de Euskadi) hasta reducir los ingresos públicos en casi 9.000 millones de euros anuales; o la refinanciación autonómica para continuar en este absurdo proceso de descentralización diversificada para colmar las ansias de los independentistas insolidarios (11.000 millones de euros anuales). Todas estas medidas presentadas inicialmente como medidas-estrella han terminado finalmente estrelladas ante el muro de la realidad cotidiana, las raíces profundas de la crisis institucional y política que padecemos en España y los problemas genuinamente españoles a los que nos enfrentamos.
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Junto a este cúmulo de despropósitos, hubo otros: por un lado, el incremento del IVA con el apoyo del PNV y, por otro, el ya habitual cambalache presupuestario con los nacionalistas, configurando unos presupuestos generales reconocidos por los mismos que los apoyaron como irreales e inútiles para enfrentar la crisis económica. Consecuencia de todo esto y de no haber aplicado durante años las verdaderas reformas profundas que el país necesitaba (y Aznar en esto es corresponsable), el palo posterior sobre los más débiles: bajada del sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones, paralización de obra pública y eliminación de la retroactividad de la necesaria pero inaplicable ley de dependencia. Unas medidas claramente antisociales, injustas, regresivas, insolidarias e ineficaces, aplicadas por un gobierno desnortado y un presidente de gobierno sin credibilidad ni criterio, un presidente que negó la crisis y engañó voluntariamente a los ciudadanos, que aprobó medidas exclusivamente cortoplacistas por intereses electorales y que no sólo viene mostrándose incapaz para liderar ningún proyecto político o económico sino, escuchadas sus recientes declaraciones sobre la sentencia del Estatut, se ha convertido en un verdadero peligro público para nuestro bienestar.

lunes, 5 de julio de 2010

El humus regresivo.

A propósito del asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional, el portavoz del PNV en el Congreso afirma que "el debate no está tanto en la sentencia, como en el "humus" regresivo sobre el Estado autonómico". Treinta años después, sabemos a lo que se refieren los nacionalismos disgregadores e incluso la izquierda conservadora cuando hablan de progresividad/regresividad en lo que se refiere al Estado autonómico español. Cuanta más desigualdad, más progresividad, cuanta mayor es la diversidad de derechos, mayor es la pluralidad política española y cuanta menor autonomía del gobierno central para conciliar ansias legítimas de autogobierno con el deseable interés general, más progreso. O sea, el mundo al revés. A Josu Erkoreka y demás profesionales del desbarre, incluidos los gobiernos que nos desgobiernan, habría que recordarles que lo progresista es garantizar el cumplimiento de la legalidad, aplicar la Constitución española, aspirar a lo que más beneficia al conjunto de los ciudadanos y defender la solidaridad y la igualdad ciudadana para contrarrestar al neoliberalismo insolidario de los nacionalismos desbocados. Éstos son el humus regresivo que nos está llevando al siglo pasado.
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Leo a Arturo Pérez-Reverte: "Ulcera el alma ver a los jóvenes maltratados por estas diecisiete Españas injustificadas, egoístas y ladronas". Sin embargo, como él, me resisto a creer que nada pueda hacerse. Nuestra propuesta, un estado federal cooperativo y simétrico conformado por comunidades autónomas con las mismas competencias, para lo que habría que reformar la constitución española y devolver determinadas competencias al gobierno central. Así haríamos viable el estado de las autonomías, hecho unos zorros por culpa de separatistas y separadores. Otra opción es "cerrar una segunda Transición, facilitando que las autonomías, todas, se sientan más cómodas", como algún supuesto izquierdista comenta por Euskadi. Nuestra opción busca defender un determinado proyecto político. La otra es dejarse llevar por la marea disgregadora, no hacer nada, tratar de sacar provecho de las circunstancias y confundirse voluntariamente con el paisaje nacionalista.

jueves, 1 de julio de 2010

Homenaje a los ediles amenazados.

Mañana día 2 de julio se realizará en el Parlamento Vasco un simbólico y merecidísimo homenaje a los cargos públicos municipales que durante tantos años han resistido, sin ceder, a la amenaza terrorista de ETA, con especial mención a los que terminaron siendo asesinados. Y, desde luego, a los que a día de hoy continúan en sus puestos, en lugar de bajar la persiana de la democracia y ponerse a salvo, opción perfectamente humana y, por tanto, comprensible, pero bastante menos útil para salvaguardar las libertades del conjunto de los ciudadanos. Este acto es consecuencia directa de una iniciativa parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia debatida el pasado mes de diciembre y pactada finalmente con el PNV y Eusko Alkartasuna. La propuesta original, que recibió durísimas críticas de los grupos nacionalistas (es un hecho evidente que éstos son más sensibles a la situación de los palestinos que a la de los vascos amenazados...), proponía la realización de un homenaje público a los ediles constitucionalistas, por su extraordinaria labor en defensa de nuestra democracia. Por decirlo claro: a los concejales socialistas y populares que viven escoltados. Tal idea pareció a los nacionalistas la peor de las ideas, una especie de sacrilegio, y utilizaron sus habituales adjetivos gruesos e insultantes para tratar de enterrarla. Finalmente, consiguieron trastocarla cuanto pudieron, porque en aras del consenso fuimos todo lo flexibles que aquel día en concreto fuimos capaces. No obstante, el texto finalmente aprobado no deja lugar a demasiadas dudas: el Parlamento reconoce el coraje cívico y democrático de todas las personas amenazadas por la amenaza terrorista y realizará un homenaje en sede parlamentaria a todos los ediles vascos, de forma especial, a quienes fueron asesinados y a los que continúan hoy su labor municipal, a pesar de la amenaza constante del terrorismo que les obliga a vivir escoltados. Así que es bastante evidente a quién se homenajea. Homenaje justo y estrictamente necesario.